domingo, 29 de abril de 2007

EL PP ODIA A LOS CATALANES


El tema en cuestión, tiene su inicio en la 1ª legislatura del gobierno nacionalista formado por PSC, ERC y IPC.En esta legislatura tuvo lugar la aprobación del Estatuto Catalán; respecto al mismo el PP mantuvo una postura no solo legítima, por estar en democracia, sino también constitucional y moral.

Un mínimo vistazo a los textos de la Constitución y el Estatuto hace ver a cualquier persona no sectaria y no franquista, la inconstitucionalidad del Estatuto.

Pongamos dos ejemplos claros:

Art 6.2 de. Estatuto: El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano,
que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen
derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de
Cataluña el derecho y el deber de conocerlas.

La Constitución solo establece el deber de conocer el castellano, no el catalán. El articulo 3 de la Constitución establece:

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla.


Art 102.2 del Estatuto Catalán: Los Magistrados, Jueces y Fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deben acreditar un conocimiento suficiente del derecho propio de
Cataluña en la forma y con el alcance que determine la ley.

El precepto es inconstitucional, pues un estatuto de autonomía no puede establecer deberes estatutarios a los jueces: la norma que los regula -su estatuto profesional- es la Ley Orgánica del Poder Judicial, a tenor de la Constitución Española.

Desde que se empezó a fraguar el Estatuto, los políticos catalanes lanzaron a los ciudadanos catalanes un mensaje:un ataque al Estatuto es un ataque a Cataluña y por tanto también a ellos. En este marco el PP no apoyo, por considerarlo inconstitucional, el Estatuto Catalán y se le tildo de anticatalanista, así

-defender la Constitución era odiar a los catalanes

-defender el Estado de Derecho era odiar a los catalanes.

La Constitución española establece en su Titulo X un procedimiento de reforma de la misma que es el que el Gobierno de la Generalidad y CIU deberían de haber seguido si hubiesen optado por el camino del Estado de Derecho y no por el seguido:un camino antidemocratico o dictatorial. La Constitución Española consagra un único Estado que decide sobre su futuro a través las Cortes Generales, por tanto toda idea política que desee imperar en el Estado Español debe pasar por la aprobación de las Cortes que es donde reside la soberanía popular.

Si se quiere implantar, por ejemplo, un Estado Confederal formado por varios Estados Confederados se deberá cambiar el modelo autonómico actual a través de la reforma de la Constitución, imponerlo sin ajustarse a las reglas del juego democrático es un acto fascistoide.

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